RAMÓN BARBERÁN ORTÍ
Profesor Titular de Economía Aplicada, Universidad de Zaragoza.
Mi presencia aquí tiene que ver con el libro sobre los costes de la conservación de la naturaleza, pero quiero llegar en esta presentación a un público que no es especialista en temas ambientales y trataré de ir un poco más allá sobre los beneficios y los costes de la conservación. Antes voy a hacer un análisis económico de la conservación de la naturaleza a modo de introducción. La primera cuestión que me planteo es: ¿Por qué analizar económicamente la política de conservación? Los beneficios de la conservación de lo hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres son poco visibles para la sociedad. Es evidente que los valores monetarios hacen visibles esos recursos que parecen poco visibles. Parece que lo que no se puede cuantificar no existe.
Otra de las circunstancias que suceden en las zonas rurales es la división asimétrica de beneficios y costes. Además, los beneficios son muy dispersos y se extienden no sólo a amplios territorios, sino también a amplios periodos de tiempo, llegando a afectar a otras generaciones.
Sin embargo, los costes estánmuy localizados y, en general, obligan a localidades o poblaciones que se encuentran con dificultades a asumir esa carga económica. Esta situación provoca conflictos entre conservacionistas y afectados, entre gobiernos y administraciones de distintos niveles y territorios que pueden llegar a bloquear las medidas conservacionistas.
Existe por tanto una necesidad de compensar a los afectados y de obtener apoyo financiero para las administraciones responsables de la conservación. De este modo se podrán desbloquear las medidas de conservación que se pretenden adoptar.
El tercer argumento no es específico de la actividad de conservación, sino que tiene que ver con el análisis económico de cualquier medida. Es evidente que la política de conservación tiene consecuencias asignativas, es decir, exige el empleo de ciertos recursos como son los personales, materiales o de inversiones, y condiciona el uso de los recursos naturales afectados.
Por tanto, antes de adoptar una medida de conservación es necesario asegurarse de que los beneficios que se esperan obtener superan a los costes. Este sería el contexto que analiza tanto el tema de los beneficios como el de los costes.
Hablando de los beneficios, entre los que se derivan del medio natural podemos distinguir los beneficios de mercado y los beneficios ambientales. Los beneficios de mercado son aquellos beneficios que se obtienen como consecuencia de la explotación económica del medio.
Por ejemplo, a través de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, etc. La política de conservación de la naturaleza tiene consecuencias que pueden ser ambivalentes. En general, cualquier política de conservación incluye alguna limitación al uso del territorio. Por tanto, puede que implique reducción de beneficio de mercado previamente obtenido. Al mismo tiempo, la política de conservación puede facilitar la obtención de otros recursos. Pueden frenar las actividades industriales, o de infraestructuras, que pueden multiplicar los costes para el medio ambiente, pero al mismo tiempo puede potenciar el desarrollo de actividades de naturaleza turística. La declaración de un espacio como espacio protegido con una figura que tenga el suficiente reconocimiento público suele ser un marchamo de calidad, y asociado a ese marchamo de calidad suele estar el desarrollo turístico de una determinada zona. Este sería un contrapunto en el ámbito de los beneficios de mercado a las imposiciones que en ocasiones tiene la política conservacionista.
Por otra parte están los beneficios ambientales, que sería el objetivo más directo de las políticas de conservación. Éstos se distinguen en valores de uso y valores de no uso. Los valores de uso están ligados a la utilización presente o futura, mientras que los de no uso están ligados a motivos altruistas o al reconocimiento del valor simbólico o intrínseco del bien. En los valores de uso directo se encuentran los de uso consuntivo, o uso recreativo, como pueden ser todas las actividades de ocio que se practican en la naturaleza. Los de uso no consuntivo son los de contemplación, como puede ser la admiración de un paisaje. Los de valor de uso indirecto que sería, por ejemplo, la función del bosque como sumidero de carbono. O el valor de opción, que es ese valor que se asocia a la conservación del medio ambiente al margen de que no estemos haciendo uso directo del mismo. Y sobre todo asociado a la información que poseemos sobre la utilidad que esos recursos naturales pueden tener para nosotros en el futuro. Sobre todo el problema de la destrucción del medio ambiente, de los hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad, que normalmente son problemas que podríamos asociar a la incertidumbre respecto de la afinidad que podríamos derivar en el futuro de eso que se está perdiendo y que resulta ya irreversible. Por ejemplo, aplicaciones para medicinas, que se podrían sustraer de determinadas especies vegetales y que hoy en día están desapareciendo. Por lo tanto, ahí tenemos un conjunto de valores de uso que vienen a justificar la política de conservación de determinados hábitats o especies. Como vemos, de todos estos valores de uso, en el valor de uso consultivo parece factible su valoración. Del resto, también hay intentos de valoración, aunque estamos hablando en todos los casos de valoraciones aproximativas, de valoraciones que en muchos casos son imperfectas.
En el valor de no uso se encontraría el valor de existencia ligado al altruismo global. Es decir, que por el hecho de que otra persona lo piense usar o lo valore, yo, por altruismo respecto a la otra persona, le otorgo también un valor. Con respecto a otras personas u otras especies. Estos beneficios ambientales son objeto de valoración económica por parte de los que se dedican a estos temas y, al respecto hay diversos métodos de valoración, que se pueden clasificar dependiendo de si la observación de los valores es directa o indirecta o si se hace atendiendo a un mercado existente, uno recreado, o si por el contrario no se presta atención al mercado.
Los métodos de valoración más difundidos son el método de valoración contingente, que consiste en preguntar a los afectados en torno a la conservación de un recurso natural. De tal forma que el encuestador hace de gerente y el encuestado hace de garante respecto a las medidas de conservación. El encuestador pregunta sobre lo que hay que pagar y el encuestado responde sobre esa situación a pagar teniendo en cuenta la conservación. A partir de estos datos se puede obtener una aproximación de parte de los beneficios ambientales del uso recreativo y de visita de los espacios naturales. Es evidente que el valor de no uso en todos los casos es mayor al valor de uso.
En cuanto a los costes, cuando hablamos de ellos hablamos de obligaciones, limitaciones y prohibiciones derivadas directamente de la política de protección de la naturaleza, que originan gastos o reducción de ingresos. Aquí, el concepto de coste de oportunidad sería el referente conceptual para proceder a la valoración de los costes. Hay que tener en cuenta que el coste aquí no es sólo el que supone un gasto en efectivo, sino que se refiere también a otra serie de costes, que permiten que disfrutemos de una serie de servicios sin efectuar ningún coste monetario, ningún movimiento de dinero inmediato, en la medida en que usemos unos recursos que estamos sacrificando para otras finalidades. Cuando menos, el coste de uso de ese recurso es el valor al que se renuncia a favor de la mejor alternativa posible.
En relación con los costes estamos en un terreno donde no hay metodología de valoración de los objetivos ambientales. Por eso, cuando nos enfrentamos a este tema estudiamos cómo abordarlo, ya que en caso contrario promete ser un magma bastante confuso y bastante tedioso de realizar. Así como en el caso de los beneficios hay bastantesmodelos, econometría ymucha experiencia previa, en relación a los costes estamos en una situación casi de páramo a este respecto. La opción que nos pareció más fiable fue la de articular el análisis de los costes en función a los agentes afectados. Se trata de identificar qué queremos hacer, dónde lo queremos hacer y qué consecuencias tiene lo que queremos hacer en ese lugar concreto. A continuación se trata de analizar los distintos agentes afectados por lo que queremos hacer. A éstos los agrupamos en cuatro bloques, en primer lugar, la administración responsable de la política de protección, es decir, las personas que asumen una responsabilidad y unas obligaciones ¿Cuáles son los gastos? Por ejemplo, los de personal que incluyen labores de guardería, protección frente al fuego, servicios generales… También los gastos de bienes corrientes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes y compensaciones a afectados y las inversiones reales, que incluyen maquinaria, infraestructuras generales, señalización, investigación…
En el ámbito de los productores, estaríamos hablando de los productores en sentido amplio, es decir, del sector agrario, del sector industrial o del sector servicios. En cada caso concreto, los productores afectados pueden ser distintos ¿Por qué podemos tener gastos con respecto a los productores? Por tres motivos. En primer lugar porque la política de conservación puede conllevar la supresión o reducción de ciertas actividades productivas que se consideran incompatibles con la conservación. La segunda sería la modificación de las condiciones productivas que creará nuevos costes fijos o el incremento de costes variables.
Por ejemplo, cuando en una zona agrícola se varían determinadas formas de laboreo, o de abonado. En estos casos posiblemente haya que usar determinadas técnicas alternativas para continuar con el trabajo agrario y que éste sea más respetuoso con el medio. Finalmente, no nos olvidamos del mantenimiento de las actividades tradicionales no rentables. Muchas veces se asocia la conservación de la naturaleza con la desaparición de todas las actividades económicas de la zona, al contrario, la conservación del medio conlleva también el mantenimiento de las actividades tradicionales no rentables que se solían abandonar por este motivo. Por tanto, una política de conservación responsable debería financiar estas actividades, por eso tendríamos que hacer un cálculo de cuál es el coste efectivo de mantener esa actividad y cuál es el valor de la misma.
También aparecen como afectados los consumidores, porque las políticas de conservación pueden conllevar restricciones para actividades que dan lugar a la obtención de utilidad directa para estos individuos. Fundamentalmente se trata de actividades de recreo en la naturaleza, como puede ser la pesca, la caza, la recolección de frutos. Todas estas actividades se pueden ver limitadas por las políticas de conservación. Estas actividades se estaban realizando de forma gratuita ya que no eran actividades comerciales ni productivas, pero que sin embargo, si las suprimimos, limitamos o cambiamos las condiciones en las que se producían estamos generando unos costes.
Los últimos afectados son otras administraciones públicas implicadas, que generalmente son las administraciones locales. En la medida en que puedan limitarse o suprimirse las actividades de producción, ligado con eso, las administraciones locales incurren en la pérdida de ingresos tributarios o, directamente, en la pérdida de ganancias directas por la explotación de los recursos naturales. Un ejemplo de esto son las industrias que transforman la madera de los bosques cercanos, bosques que pertenecen en ocasiones a los municipios próximos. Otros de los costes para las administraciones locales se originan si se impide la instalación de determinadas empresas u otro tipo de actividades que hubiesen generado ingresos para ese municipio o también puestos de trabajo para la zona. Otro tipo de gastos son los inducidos, que son los que se producen cuando, por ejemplo, se impide la instalación en la zona de un tendido eléctrico o la construcción de una carretera.
En cuanto al alcance de los costes, hay que poner de manifiesto tres dimensiones que es necesario tener en cuenta. La primera es el ámbito social, que obliga a elegir la perspectiva del estudio de conservación: si es local, regional, nacional o internacional. Porque dependiendo de la perspectiva que adoptemos para la valoración, los costes serán distintos. Hay costes que aparecerán como tales y otros desaparecen como tales y se convierten en meras transferencias entre agentes y los gastos se compensan. Por ejemplo: cuando una actividad no se puede llevar a cabo en un medio determinado es probable que se traslade a otro territorio. Si tratamos el estudio desde una perspectiva local, lamarcha de la actividad se ve como un coste efectivo de la protección, pero si adoptamos una perspectiva nacional esto no es un coste, porque la actividad no se ha perdido. Los únicos costes que tendríamos en este caso serían los costes de traslado de esa actividad. Por tanto, es importante la perspectiva. En este sentido nosotros adoptamos una perspectiva que apuesta por incidir en la perspectiva local porque creemos que aunque la perspectiva nacional algunos costes sean compensados, la política de conservación no puede obviar los costes que se producen a nivel local, y no puede obviarlos para evitar compensar y que la política de conservación sea viable.
En cuanto al ámbito territorial, supondría una identificación del territorio y una atención especial al ámbito local del espacio protegido.
Finalmente, en lo que se refiere al ámbito temporal hay que elegir un horizonte temporal límite del estudio teniendo en cuenta que los efectos de la conservación tanto en beneficios como en costes suelen ser perdurables indefinidamente. Es decir, que la política tenderá a mantenerse y también los costes y los beneficios. El problema a este respecto es la incertidumbre cuando atravesamos un determinado horizonte temporal. Más allá de un número reducido de años, existe una inseguridad en cuanto al futuro de esa política de conservación.
En cuanto a la valoración de los costes según los agentes afectados. La administración pública responsable debe estimar el gasto necesario en cuanto al nivel de conservación pretendido, el nivel de conservación de partida y las características biogeográficas y socioeconómicas de la zona a proteger. En cuanto a los productores, para calcular los costes hay que tener en cuenta la estimación de la renta perdida, con el análisis económico de las actividades afectadas. El gasto que supone para los consumidores se calculará teniendo en cuenta la disposición a pagar o la compensación exigida para aceptar la prohibición de pescar, cazar… (aplicación de algún método de valoración de intangibles). Finalmente, el gasto de las administraciones públicas se calcula teniendo en cuenta una estimación de los costes y una minoración de ingresos. Un ejemplo claro de esta situación se da con los Monegros, que para conservar su aspecto estepario debe renunciar a los proyectos que hay para que una parte se convierta en regadío. Por eso nosotros tenemos que calcular cuales serían los ingresos que se hubieran podido obtener en el caso de que se hubiese transformado esa zona en regadío. Esto no implica que los regantes tengan derecho a una indemnización por parte de la administración, porque sería una barbaridad, pero sí cuanto menos, la administración tiene la responsabilidad de adoptar medidas de compensación generales referidas a esa zona. Es decir, sustituir esas hectáreas en las que se esperaba instalar riego por otras alternativas en el entorno.
